Miles de empresas del estado de Arizona, Estados Unidos, se preparan para dar cumplimiento a una controvertida ley que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de las personas que contraten a partir de este 1º de enero.

La ley HB2779 puede conducir al cierre de las compañías que no comprueben si sus nuevos trabajadores tienen permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

En Arizona, que comparte 626 kilómetros de frontera con México, se cree que hay más de medio millón de trabajadores indocumentados.

Diversos especialistas han advertido que la ley tendrá un impacto negativo sobre la economía del estado.

Sin embargo, según algunas encuestas, muchos habitantes de Arizona apoyan la medida, que busca desalentar la inmigración ilegal.

La ley fue refrendada en julio por la gobernadora del estado, Janet Napolitano, menos de una semana después de que fracasaran en el Senado federal en Washington los intentos por aprobar una ley migratoria que le hubiera abierto el camino a la legalidad a unos 12 millones de indocumentados en todo el país.